Ni con agua caliente

Prometo por mi conciencia y honor aferrarme fielmente a mi cargo de ministro y guardar y hacer guardar la integridad del gobierno como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del ejecutivo sobre si es conveniente o no mi cese.

¿No les parece que nuestros ministros deberían optar por esta fórmula de juramento o promesa de su cargo? Más que nada porque en este país es más difícil que dimita un miembro del gobierno que la selección pase de cuartos en un Mundial. Y si no se lo creen, ojo al dato: en los últimos 20 años sólo ha dimitido un ministro por razones de responsabilidad política. Fue Manuel Pimentel, quien el 19 de febrero de 2000 le presentó su dimisión por sorpresa a Aznar, oficialmente por el escándalo de las subvenciones otorgadas a la empresa de la esposa de Juan Aycart, el hasta entonces director general de Migración y uno de sus más estrechos colaboradores; si bien, muchos vieron en aquel cese una clara desavenencia con las políticas sociales de primer gobierno del PP.

Pero si lo que buscamos son dimisiones por razones de conciencia, sólo tenemos dos casos en ese mismo periodo de tiempo: la del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en 1990 y, más recientemente, en 2005, la de José Bono, entonces ministro de Defensa, que renunció a su cargo "por razones familiares", aunque con un claro trasfondo de discrepancias políticas con Zapatero en temas como el Estatut de Catalunya.

Una buena dosis de candidez nos podría llevar a pensar que nuestros gobernantes no dimiten porque son muy eficaces y en rara ocasión yerran gravemente en sus decisiones o declaraciones. Claro que, con solo recordar algunos casos, pronto nos convenceremos de lo contrario. Si no, qué me dicen de la famosa receta de caldo de Celia Villalobos en plena crisis de las vacas locas, o de la fantástica gestión que hizo Trillo contratando 'aviones basura' para transportar a nuestros soldados, o de los "hilillos" del Prestige en boca de Rajoy, o del papelón de Acebes en cuyas narices se gestó la trajedia del 11 M, o de la perspicacia de la ministra Trujillo cuando abogó por pisos de 30 metros cuadrados para solucionar la escasez de viviendas.

La última en unirse al club de las potenciales dimisionarias es Magdalena Álvarez, a quien sus compañeros de gobierno en Andalucía la llamaban "cariñosamente" ―y a la vista de los acontecimientos con toda la razón― "Mandatela" Álvarez. Pero si a la demostrada tozudez ministerial le añadimos la cercanía electoral, lo difícil se torna imposible. "Antes partía que doblá", dice la que otros, también "cariñosamente", llaman Maleni. O sea, antes de que yo me vaya me tendrán que echar. Con la que está cayendo en Barcelona, adonde, por cierto, no se atreve a ir, la de Fomento se viene arriba porque sabe que la decisión está tomada en Ferraz: ni una dimisión a cuatro meses vista de las generales.

Lo siento, pero eso de "me quedo para arreglarlo" vale para cualquier faceta de la vida menos para una, la política, que exige de tres cualidades básicas: la honestidad, la coherencia y la consecuencia. Los mismos que pedían la cabeza de Cascos por los socavones del AVE a Lleida, ahora meten la suya bajo tierra hasta que pase el chaparrón y el AVE, en plena precampaña, sea inaugurado a toda costa, mejor dicho, a costa de los catalanes en general y los barceloneses en particular. Haga bien las cuentas señor Zapatero, porque, como dice el refrán, tanto se pierde por carta de más como por carta de menos. Y si no, atentos al escrutinio de marzo en Cataluña. Mas ya se frota las manos.

No soporto a mi ex

Los ex presidentes de nuestro país disfrutan, por ley, de un estatus social y económico elevados. Una vez abandonado el cargo, tienen la potestad de formar parte del Consejo de Estado, disponen de coche oficial con chófer, servicio de escolta, despacho y dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que son cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación. Cuando se desplazan fuera del país gozan del apoyo de los servicios de la representación diplomática española y, cuando lo hacen por su interior, disfrutan de libre pase en las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado. Además, tienen garantizada una asignación anual similar a la del presidente del Gobierno en activo y, a la hora de jubilarse, disfrutarán de la pensión máxima establecida por la Seguridad Social.

No está nada mal, ¿no les parece? Creo que, hasta cierto punto, el haber desempeñado el cargo lo merece. Lástima que, para disfrutar de todas esas prerrogativas, no deban cumplir una pequeña condición: mantener la boca cerrada en lo que concierne a ciertos asuntos que afectan directamente a la propia estabilidad de la nación.

A los dos últimos ex presidentes, González y Aznar, les quedó un cierto regusto amargo una vez que dejaron de ser los jefes del Gobierno. El primero de ellos porque, ni supo retirarse a tiempo, ni controló los desmanes que se producían a su alrededor, ni preparó su sucesión dentro del partido. Una vez en la oposición, Borrell y Almunia temblaban cada vez que Felipe abría la boca. Incluso Zapatero llegó a sufrirle en sus inicios como secretario general del PSOE. Era algo así como tener al enemigo en casa. Por su parte, Aznar sintió el escozor de la derrota de una forma más intensa, sobre todo porque tuvo la sensación de perder sin haberse presentado a la reelección. A ello se debe, sin duda, su obsesión delirante por justificar la derrota del 14-M a cuenta del atentado que se produjo tres días antes. Pero, no se engañen, el presidente de honor del PP, que de tonto no tiene un pelo, sabe perfectamente que lo "único" que se llevaron por delante aquellas siete bombas fue la vida de 192 personas y que lo que echó a los populares de Moncloa fue la pésima gestión de la crisis de aquellos días. Tal y como escribió Casimiro García Abadillo en su libro El 11 M, la venganza, Pedro Arriola, el entonces asesor electoral del PP, le dijo a Zaplana en la misma tarde del día 11: "Mira, yo creo que si se confirma la autoría de ETA, el PP va a barrer, pero si al final los atentados los han cometido los terroristas islámicos, entonces gana el PSOE".

Las últimas declaraciones de Aznar a cuenta de la sentencia del 11-M, además de darle la publicidad necesaria para hacer caja con su libro, no hacen otra cosa que reincidir en esa convulsiva y falsa obcecación de sentirse víctima de una conspiración de la que ya no quieren hablar ni sus compañeros de partido. Lo malo es que, el mismo al que nadie quiere seguirle la corriente en Génova 13, es quien continúa manejando los hilos del PP desde su atalaya ideológica de FAES.

'El Mundo' al revés

Hagamos un pequeño ejercicio de imaginación: pensemos, por un instante, en cuál habría sido la reacción de los medios de comunicación que hoy se muestran excépticos e insatisfechos ante la sentencia del 11-M, si el Tribunal que lo ha juzgado hubiese certificado que alguna de las informaciones que sus "periodistas" han publicado como "exclusivas que desmontaban la tesis oficial de los atentados" hubiese resultado ser cierta. Imaginemos que se hubiese encontrado el origen de alguna de las sombras que el PP ha arrojado sobre la investigación de los hechos. ¿Hablarían de autores intelectuales? ¿Reclamarían conocer toda la verdad o se conformarían con la confirmación de parte de la suya? Evidentemente no. En ese caso pedirían en bandeja la cabeza del el juez instructor y la fiscal del caso. La derrota del PP en las elecciones del 14 de marzo ya tendría una causa con la que alimentar a sus masas. Se habría demostrado, en definitiva, que jueces, fiscales, policías, peritos, servicios secretos extranjeros, partidos políticos y vaya saber usted quién más conspiraron con un único objetivo: derrocar al gobierno de José María Aznar.

Pero resulta que la verdad se ha mostrado tozuda y lo que ha hecho es, sustantivada como sentencia, desmontar una por una todas las rocambolescas historias que, en forma de periódicos, libros y folletines, tan pingües beneficios han reportado a sus autores, éstos sí, intelectuales. La mochila de Vallecas, la furgoneta Kangoo, los explosivos utilizados, el ácido bórico, los cadáveres congelados que alguien puso en el piso de Leganés, la colaboración necesaria de ETA son sólo algunos ejemplos. La propia Sala de la Audiencia Nacional lo constata en el texto de la sentencia de la siguiente forma: "Se aísla un dato -se descontextualiza- y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de la valoración conjunta de los datos que permita, mediante el razonamiento, llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia". O sea, en vez de tener en cuenta el conjunto de los hechos, se toman sólo aquéllos que corroboran una teoría. (...) "Los tribunales no pueden atender a especulaciones, insinuaciones, elucubraciones o hipótesis basadas en hechos negativos que no han sido explícitamente planteadas y de las que no aportan el más mínimo indicio". Es decir, como lo que yo digo no se ha demostrado falso, eso implica que lo contrario no se puede demostrar como verdadero. Demencial, en una palabra.

Pero lo más alucinante de todo esto es que los que han mentido durante tres años y medio, los que han publicado informaciones falsas, tendenciosas y claramente interesadas, los que han utilizado el dolor de las víctimas como herramienta de uso electoral, los que permitieron que el mayor atentado de la historia de Europa se gestara delante de sus narices son los que, ahora, piden que se conozca toda la verdad, su verdad, claro. Definitivamente, ésto es el mundo al revés.